Читать книгу La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario онлайн | страница 32
Para Kalmanovitz (2015), la economía informal se tipifica como “aquella que no está regulada por la ley; sus trabajadores no reciben el salario mínimo, no cotizan a la seguridad social, no están organizados sindicalmente y laboran en establecimientos de menos de 10 trabajadores” (p. 14). Por lo tanto, esta mirada de la economía informal comprende un tipo de relación formal que cumplen las actividades económicas de manera puntual y localizada; por eso, esta concepción reduce la mirada de la heterogeneidad económica a partir de un ejercicio de poder institucional que regula y que no da cuenta de los diversos principios y motivaciones que orientan acciones económicas, más allá de la establecida por la normatividad y la ordenación gubernamental, en especial, sobre el trabajo reconocido por el contrato, y las garantías sociales de una actividad de trabajo en particular (Cediel, 2018).
En Colombia, el sector económico denominado como “economía informal” viene aumentando en los últimos años y con aceleración debido a la crisis financiera producto de la crisis por la covid-19. Este sector de la economía constituye uno de los sectores de la economía que produce mayor número de trabajos en la sociedad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane), la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas más importantes por cantidad de habitantes en Colombia fue del 46,3% para el trimestre móvil mayo-julio del 2020. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas registra un 47,0%. Esto indica que casi la mitad de la población en edad de trabajar se desempeña en actividades económicas de carácter informal.
Esto demuestra la gravedad de la situación a corto plazo; sin embargo, cualquier estrategia que se asuma para reducir el impacto sobre este sector requiere nece- sariamente de una reflexión sobre la categoría de economía informal, que no necesa- riamente logra captar todos los hechos económicos complejos que existen en los territorios urbanos. La propuesta de nuevas categorías como las que ofrecen las economías populares y la economía social y solidaria, en su concepción de reproducción ampliada de la vida con base territorial, tiene la posibilidad de dar cuenta y orientar estas realidades localizadas en un proceso de sostenibilidad socioeconómica hacia la asociatividad, en que la incidencia política desde este campo produzca transformaciones positivas, de tal manera que se puedan garantizar los bienes comunes, la constitución de un sector incluyente y articulado entre los distintos actores y las garantías sociales hacia los trabajadores del campo popular.